En los pasados cuatro años más de mil mujeres y niñas fueron "brutalmente" asesinadas en Guatemala. En la mayoría de los casos, la violencia extrema con que se les atacó está estrechamente vinculada a su género, factor determinante tanto del motivo como del contexto del ataque, así como del tipo de violencia ejercida y de la respuesta de las autoridades, revela un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los homicidios de mujeres en ese país centroamericano.
La mayoría de los ataques, señala AI, son cometidos en zonas urbanas, en las que se registra un considerable incremento de la delincuencia vinculada al crimen organizado y a bandas de jóvenes conocidas como maras.
Entre las más de mil 188 mujeres y niñas asesinadas de 2001 a agosto de 2004, de acuerdo con cifras oficiales, había estudiantes, amas de casa, profesionistas, empleadas domésticas, trabajadoras no calificadas, integrantes o ex integrantes de maras y sexoservidoras.
El informe, denominado Ni protección ni justicia: homicidios de mujeres en Guatemala, difundido el pasado 9 de junio, señala que pese a las medidas aplicadas por el gobierno guatemalteco para prevenir los feminicidios, como la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, promulgación de leyes y la creación de instituciones públicas encargadas de promover los derechos de las mujeres, "a menudo estos mecanismos no se han aplicado, vigilado o revisado de manera efectiva, por lo que raras veces han servido para impedir que las mujeres sufran violencia".
Gran desafío
Carlos Mario Gómez, director ejecutivo de AI-México, afirmó que la violencia de género contra las mujeres es uno de los desafíos más importantes en la defensa de los derechos humanos en el mundo, al convertirse en uno de los abusos más persistentes y "endémicos" contra el derecho a una vida digna y sin violencia, pues se estima que una de cada tres mujeres en el planeta será golpeada, forzada a tener una relación sexual no deseada o sometida a abusos durante su vida.
Es un fenómeno, agregó Carlos Mario Gómez, que sobrepasa fronteras, culturas y economías. Ataca a mujeres y niñas de cualquier clase social, raza, religión, edad o nacionalidad, pues su incidencia es generalizada y se presenta en cualquier cultura o latitud, tanto en el ámbito familiar o de la comunidad, al generarse condiciones de permisibilidad que alientan la comisión de estos abusos.
La brutalidad reiterada y la violencia sexual que han sufrido muchas de las víctimas, asegura el informe, es resultado tanto del contexto cultural de discriminación y violencia sexual que subsiste en la sociedad guatemalteca, como del hecho que el Estado nunca llevó ante la justicia a los responsables de las violaciones y asesinatos de miles de mujeres perpetrados por militares y paramilitares durante la década de los 80 en que ese país vivió una guerra civil.
De los 152 casos investigados en 2004, se estableció que en 28 por ciento de ellos la víctima fue sometida a abuso sexual y mutilación antes de su muerte, lo que revela "la brutalidad de la violencia ejercida", pues de acuerdo con reportes oficiales, en varios casos se les degolló o fueron asesinadas a golpes, por disparo de arma de fuego o apuñalándolas. Algunos cadáveres fueron mutilados y muchas mujeres fueron secuestradas, "por lo que se sabe que estuvieron horas e incluso días recluidas antes de ser asesinadas".
El informe destaca que la mayoría de las mujeres asesinadas eran menores de 40 años, pues en más de una tercera parte de los casos registrados el año pasado, la víctima era menor de 20 años, de bajos recursos económicos y sin ningún acceso a la protección judicial.
(Tomado de "La Jornada")
La violencia contra las mujeres afecta a más de la mitad de la población femenina y es ligeramente menor, porcentualmente, a la discriminación. En los estados de Chiapas y Oaxaca se concentra el mayor problema, afirmó la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz. Al participar en el segundo Encuentro Nacional de Mujeres Empresarias, organizado por el Fondo Nacional de Empresas Sociales, Gálvez precisó que más de cinco de cada 10 mujeres en México son violentadas en su hogar, tanto física como sexual y psicológicamente; esto, añadió, sólo es rebasado por la discriminación hacia los indígenas, ya que según la última encuesta realizada, siete de cada 10 mexicanos no estaría dispuesto a vivir con uno de ellos.